No cabe duda que uno de las modificaciones estructurales introducidas en el derecho de la insolvencia por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, ha sido la incorporación de un proceso judicial específico para la tramitación de los supuestos de preinsolvencia e insolvencia de la microempresa y del empresario individual; instrumento procesal y sustantivo llamado a ampliar su ámbito territorial [-se extenderá a todos los Estados de la Unión-] y objetivo de aplicación, a la vista del Proyecto de Directiva de Insolvencia que prepara la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.
