La aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual, no obstante su condición de ley intermedia, continúa generando importantes problemas de aplicación práctica, que afectan a la penalidad, pero, también, a la subsunción jurídica de determinados comportamientos, que es necesario conocer y afrontar.
