La prueba en el proceso penal es un elemento absolutamente imprescindible, tal y como se encuentra concebido nuestro ordenamiento jurídico, y para determinados delitos especialmente relevantes (narcotráfico, trata y tráfico de personas, blanqueo de capitales, y en general en los que existe una organización criminal la intervención de las comunicaciones resulta uno de los elementos de prueba esenciales.
